NO SOMOS LOS RESPONSABLES, SOMOS LOS QUE SUFRIMOS LA CRISIS.

El siete de febrero se nos convoca a una gran manifestación en defensa de los servicios públicos y contra los recortes. Una cuestión está más que demostrada, hasta ahora las medidas que han tomado, en contra de la opinión popular, no solo no han servido para evitar el desempleo, sino que han conseguido todo lo contrario. Las estimaciones de lo que va a suponer los recortes que se plantean en sanidad o educación es que muchos de los empleados y trabajadores quedarán sin empleo.

Desde hace muchos años, los trabajadores luchamos por conseguir y conquistar lo que ahora tenemos, gracias a esfuerzos constantes y la unión de todos los estamentos sociales. El día siete tenemos la oportunidad de salir a manifestarnos JUNTOS, contra los recortes y EN DEFENSA de los SERVICIOS PÚBLICOS.

¿Porqué nos dicen que la sanidad no es rentable y al mismo tiempo construyen hospitales privados? ¿Porqué nos dicen que la educación es un gasto que no se puede aguantar y cada vez dan más dinero a la enseñanza privada? ¿Porqué nos bajan los sueldos y nos suben los impuestos mientras los poderosos se ríen de todo y los especuladores y grandes empresas no cumplen con sus obligaciones fiscales?

Yo estaré el 7F en la manifestación contra los recortes y en defensa de los servicios públicos. No quiero que la sanidad o la educación de mis hijos y de los hijos de mis hijos dependan de la tarjeta de crédito.

Completamente de acuerdo con el manifiesto de los sindicatos que convocan la manifestación, pero sabiendo que el requisito para la participación no es el de pertenecer o no a estos sindicatos, sino el de

 DEFENDER NUESTROS SERVICIOS PÚBLICOS.

#7F CONTRA LOS RECORTES.

"Un gran Pacto por el Empleo que contemple también una reforma fiscal, la reforma del sistema financiero, un pacto de rentas, y un acuerdo para regular los precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y gas.

Apostar por el crecimiento económico, por una consolidación fiscal más justa y progresista que asegure los ingresos necesarios para sostener los gastos que demanda una salida de la crisis que consolide el Estado del Bienestar y por combatir el déficit público también por la vía de los ingresos. Las políticas e inversiones públicas son necesarias para salir de la crisis porque invertir en servicios públicos es invertir en renta y en valor y desarrollo de las personas.

Una sanidad pública, gratuita en el momento del uso y universal es garantía de calidad de vida y una apuesta necesaria por la innovación y el desarrollo. Los gobiernos deben garantizar la sostenibilidad, legitimación y suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, así como el derecho a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad sin recortar las inversiones en investigación porque nos alejaría del progreso y nos situaría en desventaja con los países de nuestro entorno. Es necesario alcanzar un pacto

común que consiga blindar el sistema y que contribuya a potenciar el estado de bienestar, a promover la cohesión social y a reducir las desigualdades sociales.

Garantizar el derecho a una educación pública de calidad porque es un derecho fundamental que sienta las bases del progreso económico y social de un país. Destinar recursos a la educación pública no puede considerarse un gasto superfluo e innecesario sino que es la mejor inversión de futuro.

Unos sistemas de protección social que garanticen el bienestar de las personas más desfavorecidas satisfaciendo sus necesidades básicas sobre el principio de la universalidad de derechos y la igualdad de acceso.

Una justicia gratuita, ágil y cercana al ciudadano. Potenciando su coordinación y organización acercando las sedes a los ciudadanos y con unos procedimientos simplificados.

Invertir en transportes y comunicaciones. Fomentar el acceso a un transporte público, que conecte adecuadamente las distintas poblaciones y los barrios de nuestras ciudades, para garantizar una movilidad sostenible.

Asegurar el acceso a la cultura al conjunto de la sociedad por medio de políticas públicas que provean medios, equipamientos y actividades.

Una financiación suficiente de todas las administraciones, para el buen ejercicio de los derechos de ciudadanía, dotando fondos de cohesión suficientes para las administraciones locales e insulares. Es imprescindible mejorar la coordinación de funciones y competencias entre las diferentes administraciones y la lealtad institucional entre todas ellas es obligatoria y necesaria. Asimismo deben crearse órganos que fomenten la participación de los interlocutores sociales y organizaciones ciudadanas en el establecimiento de las cartas de servicios a la ciudadanía. La problemática citada no

se resuelve planteando la recentralización de competencias.

Avanzar hacia un modelo tributario solidario y progresivo que permita incrementar los ingresos públicos y que persiga el fraude fiscal. Ello implica una amplia reforma fiscal que recupere figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, que elimine deducciones innecesarias, que controle los beneficios de las SICAV, crear un impuesto sobre la banca, implantar una fiscalidad verde...

Un número de empleados públicos suficiente, bien formados y con unas condiciones de trabajo dignas para, garantizar la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a toda la ciudadanía porque son un factor fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

No podemos consentir que la crisis sirva de excusa para desmantelar el Estado del Bienestar. Las políticas de ajuste están provocando la destrucción sistemática de empleo en las administraciones, mediante la amortización de plazas, la no renovación de contratos, la aplicación de la tasa de reposición en sectores a los que tradicionalmente no afectaba, despidos del personal laboral y privatizaciones de servicios públicos.

En las administraciones públicas, la sanidad y los servicios sociales el paro se ha incrementado en el pasado mes de Octubre un 27% frente al incremento general del 3.17%. Además, al no realizar nuevas ofertas de empleo público, a pesar de existir grandes bolsas de precariedad laboral en los servicios públicos, la calidad de su prestación está en jaque, y el peligro de que la reducción de estos servicios se utilice para una nueva operación en pro de la reducción de déficit está plenamente vigente. 

Rechazamos, también, su conversión en un negocio para empresas privadas, así como que el incremento de los ingresos se realice sobre vías como los impuestos indirectos, el incremento de los precios públicos, el copago o formulas similares, que recargan el coste en la ciudadanía."

Más información:    CCOOWEB