• Por su carácter profundamente antidemocrático, 

• En el proceso de elaboración de la ley (de espaldas a la comunidad educativa, a los grupos sociales y políticos, a las Comunidades Autónomas). 

• En la organización de los centros docentes, en que una dirección nombrada a dedo por la Administración pasa a tener poderes absolutos en la gestión de los mismos.

• Por su concepción mercantil de la educación, que antepone las necesidades de los mercados a la formación integral de niñas y niños, y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

• Por utilizar la educación como herramienta para la segregación y la exclusión. 

Por todo ello, pedimos la retirada del anteproyecto de ley y la apertura de un período de verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo consensuado y sostenible.