Tomar una decisión política o económica cuando hay miles de personas enfermas en juego, es algo enormemente peligroso. Hay algunas cuestiones que se pasan por alto, por ejemplo:
¿Que ocurrirá cuando entre la población "al margen de la salud", es decir sin tarjeta y por lo tanto sin posibilidad de recibir asistencia sanitaria contraiga o se infecte con el VIH, o con cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa?.
Antes era detectada y controlada por los médicos y por lo tanto el sistema sanitario era capaz tanto de prevenir como de evitar los contagios que se pudieran derivar hacia el resto de la población.
Ahora esto será imposible, el inmigrante irregular, el enfermo sin asistencia, el infectado por la enfermedad VIH y condenado a muerte no tendrá acceso a la asistencia sanitaria y se podrá convertir a su pesar y en contra desde luego de su voluntad, por decisión política y económica en un peligro para su propia vida y para la salud de todos.
La burbuja en la que todos vivimos, la salud que todos compartimos deja de ser atendida en su totalidad y presentará por tanto lugares por donde no existirá control sanitario.
Antes nuestros médicos atendían a cualquier inmigrante enfermo en cuando este caía en la red sanitaria, ahora simplemente no existirán, serán sacados de la red, no tendrán tarjeta sanitaria, no tendrán recetas, fármacos y medicinas y por lo tanto serán enfermos al margen de la salud en nuestro país.
Algunos harán su agosto con la asistencia sanitaria privada, pero otros no tendrán para costeárselo y se convertirán en marginados de la salud.
El texto que aquí os muestro es un artículo publicado por FEDERICO PULIDO ORTEGA en "el pais" en el rincón de Cartas al director. Aunque ha sido recomendado por más de 14000 personas en las redes sociales y entiendo que ha sido leído por muchas más, me parece enormemente interesante compartir su trabajo por lo que en él pone de manifiesto: la decisión política y económica que supone la muerte de personas:
"Trabajo atendiendo a personas con infección por el VIH en un hospital público. De los 1.000 pacientes bajo mi cuidado, unos 150 son inmigrantes. Ni uno solo ha hecho turismo sanitario, y la mayoría no sabían que estaban infectados cuando dejaron su país en busca de un trabajo con el que ganarse la vida, o se han infectado estando en nuestro país.
Muchos de ellos perderán la tarjeta sanitaria y su tratamiento antirretroviral en agosto si se cumple lo anunciado por la señora ministra. Serán los elegidos para morir por el bien de los españoles.
Ahorraremos algo de dinero de nuestras maltrechas cuentas dejándoles morir, pero no nos importará porque son ilegales. No lo merecen. No existen. Pero yo conozco sus nombres y sus caras y cuando me despida de ellos en la consulta sabré que soy parte de la hipocresía de una sociedad donde el derecho a la vida es solo para algunos. ¿Qué sentirá un político tomando decisiones que suponen la muerte de personas en aras de un bien supuestamente superior, como es la reducción del déficit? Espero no estar nunca en su pellejo". — Federico Pulido Ortega.
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