PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD

Está en la Constitución Española y está en nuestras vidas, que continuamente hacen referencia de forma clara al respeto a la dignidad humana como fundamento de nuestros derechos, de nuestros proyectos de vida, de nuestros sueños... La dignidad humana también es entendida por ciertas condiciones materiales concretas, vivir bien, tener que comer, poder trabajar, tener un techo. Se puede vivir bien, o sobrevivir, ser un esclavo o tener un trabajo digno, vivir bajo un puente o en una vivienda con las condiciones necesarias.... Podemos vivir, o vivir dignamente.

En los últimos años el sufrimiento nos está dejando claro que la vulnerabilidad de nuestra sociedad y nosotros mismos es enorme y que de un día para otro podemos o no vivir con dignidad. La precariedad, el dolor y la miseria pueden de pronto llamar a nuestra puerta, sacarnos de nuestras casas y de nuestras vidas y dejarnos en la puñetera calle. Las personas entonces tienen de nuevo la capacidad de agachar la cabeza, de abandonarse a la suerte y a los poderosos o luchar, luchar con dignidad, levantar la cabeza, mirar hacia adelante y caminar para conquistar sus derechos y su dignidad.

Desde toda España miles de personas han decidido marchar por su dignidad, seis marchas, cuatro lemas y la cabeza alta. La columna sudoeste, desde Extremadura ha traído la dignidad a nuestra ciudad, caminando, cantando, con la mirada alta, sabiendo que defienden sus derechos y los de tod@s, dejando ejemplo de lucha en las carreteras y calles que trasladarán hasta Madrid mañana día 22. Desahuciados, parados, estudiantes, padres y madres de familia, viejos y jóvenes, trabajador@s de Coca-cola donde 1250 familias se ven expulsadas y dañadas por una multinacional..., trabajadores de nuestro hospital Severo Ochoa, Asociaciones de vecinos, CCOO en el Ayto. de Leganés, estudiantes de la universidad UC3M, estafados por Bankia.....

NO AL PAGO DE LA DEUDA
NI UN RECORTE MÁS
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA
PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TODOS Y TODAS 

En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva. 

Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la Troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas. 

Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo. Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. 

Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y  se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y abuelos.
Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza. 

Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una Deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos. 

Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc.., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven como sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos. 

El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los bancos y especuladores. 

Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.
Porque nos han robado la libertad.  Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable. 

Para la mayoría social esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle. 

La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras  viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores. 

Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza. 

Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo arriba, democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas.

Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los derechos humanos y la justicia social.
Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. 

Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las políticas de la Troika.
Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español, Madrid, el 22 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esa gran movilización de la mayoría social. 

PAN, TRABAJO Y TECHO
A LA CALLE!!, QUE YA ES HORA

Afrontamos este 8 de Marzo con la amenaza del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que supondrá el mayor recorte de derechos fundamentales de las mujeres en los últimos 30 años. El nombre del anteproyecto ya muestra su carga ideológica y su concepción de las mujeres. Para los promotores las mujeres no son personas con derechos, sino simplemente víctimas. 

Por si no es suficiente con los recortes en gasto social o la destrucción del Estado de bienestar para limitar la presencia de las mujeres del mercado laboral, ahora hay que obligarlas a tener hijos, sea como sea y estén como estén. No importa que no quieran parir. Parirán porque un ministro y sus amigos del alzacuellos así lo habrán decidido disfrazándolo de ley aprobada en el Congreso. Lo disfrazarán sí, porque aunque puede que haya debate, ya está todo perfectamente planificado: se presenta un proyecto de ley, salvaje en su contenido, para luego modificarlo en uno de sus aspectos más controvertidos —nunca antes de las Elecciones al Parlamento Europeo—, y listo.

Pues no. La posible modificación en debate parlamentario no mejora para nada la brutalidad del anteproyecto, porque aun así empeora la actual Ley, atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres —pero no de todas, las ricas podrán viajar a otros países para abortar, las pobres tendrán que jugarse aquí la vida—, las trata como a personas incapacitadas para decidir sobre su cuerpo y su maternidad, como a menores de edad bajo tutela, y criminaliza al personal sanitario que las ayude, algo que no podemos consentir. 

El actual anteproyecto habla de la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, pero no habla para nada de cómo va a proteger esa vida, ni a las mujeres, solo habla de cómo evitar el aborto y de cómo se va a regular legalmente y de quién va a ser culpable o no del mismo. No da seguridad a ninguna mujer embarazada de cómo va a seguir adelante, sin trabajo, algunas sin formación, incluso sin estudios, que sufren violencia, que hayan sido abandonadas, que sean pobres, expulsadas de su comunidad, o de sus familias por estar embarazadas… REALMENTE ESTE ANTEPROYECTO NO PROTEGE A NINGUNA MUJER EMBARAZADA. 

Vivimos en un país donde los NO NACIDOS tendrán más derechos que las personas nacidas, donde las nacidas se quedan sin ayudas para libros, sin becas de comedor, sin ayudas a la dependencia, sin colegios o sin vivienda si sus padres y/o madres (también nacidos/as y con derechos) no pueden pagar todos esos gastos. La pobreza infantil en España alcanza a casi tres millones de niños y niñas, el 33,8% de la población infantil. Y dicen que lo que pretenden con el anteproyecto es ¿PROTEGER LA VIDA? 

PROTEGER LA VIDA es proteger a las personas más débiles, permitir que se desarrollen y maduren para que puedan formarse como personas adultas y responsables, es proteger el trabajo para la mujer embarazada por el hecho de estar embarazada y hacer posible que los padres sean responsables y compartan los cuidados de los y las menores en igualdad de condiciones durante el mismo tiempo que las madres, y que la mujer embarazada o la que ya es madre pueda tener, conseguir y mantener sus derechos. Es respetar el derecho a la igualdad de oportunidades. 

El presupuesto destinado al programa de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” acumula un recorte del 56% desde 2008. Para actuaciones en la prevención de la violencia de género es de un 22,5% en el mismo periodo. 

Pero no solo la igualdad se resiente. Desde la última reforma de la Ley de Dependencia más de 160.000 cuidadores/as han dejado de cotizar a la Seguridad Social, de los cuales el 97% eran mujeres, aún cuando las pensiones de las mujeres son un 61% más bajas que las de los hombres. A lo que hay que añadir la destrucción de empleo público, donde el 67% del empleo destruido lo ocupaban mujeres, de las cuales el 87% eran trabajadoras a tiempo completo. 

Además, la reforma de la Administración Local supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo, la eliminación de los servicios sociales que se prestan desde los ayuntamientos a residencias de mayores, ayuda a domicilio, casas de acogida para menores y mujeres maltratadas, servicios de información y asesoramiento a familias, jóvenes o mujeres o comedores escolares entre otros, y afectará doblemente a las mujeres como receptoras del servicio y como empleadas de la Administración Local donde son mayoritarias.

Pero este Gobierno, que congela las pensiones, recorta e impone el copago en la Ley de Dependencia e impulsa una ley del aborto que obliga a las mujeres a tener hijos con malformaciones, sostiene que será beneficiosa para la economía porque fomenta la natalidad…pariremos para salvar la economía… ¡El colmo! 

Las mujeres no son ciudadanas de segunda, son ciudadanas del mundo con derechos adquiridos con mucho esfuerzo a lo largo de los años, que las equiparan a la otra mitad de la población, pero que ahora están a un paso de volver al siglo XIX donde tenían los mismos derechos que las personas menores de edad, es decir ninguno. 

La FSC-CCOO hace un llamamiento a participar de las concentraciones, manifestaciones o cualquier tipo de actos que se convoquen para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y a exigir el derecho de las mujeres a decidir solas o con quien ellas quieran y a que se respeten sus razones sin excepciones y sin tutelas. 

DEBEMOS…PODEMOS…Y QUEREMOS SEGUIR DECIDIENDO

Si no lo teníamos claro al principio de la legislatura, poco a poco hemos ido constatando que el gobierno del PP tiene entre sus objetivos unas reformas que #NosAmordazan para el futuro y que entre todas pretenden recortar nuestra libertad de expresión y devolvernos a tiempos y sociedades pasadas. Cuando nos expulsan de nuestras casas, nos dejan sin empleo, nos recortan en educación o en sanidad, pretenden que nos quedemos callados, que no hagamos escraches que la justicia ya ha reconocido como legales, que no mostremos oposición a los desahucios cuando los bancos dejan familias completas en la puñetera calle.

Que ocurriría si no pudiéramos protestar contra la reforma de la Ley del Aborto, contra los deshaucios, los despidos..... Mi interés con estos artículos es dejar alguna reseña al texto en si, algunas opiniones de estudiosos del tema y profesionales del derecho y la judicatura que ponen el acento en esos pequeños detalles que el gobierno nos esconde y manipula vendiendo los cambios legislativos como seguridad y avance cuando en realidad #NosAmordazan y pretenden convertir nuestra sociedad en sometida. Para ello utilizo de fuente el texto redactado como resultado del acto público convocado por CCOO y UGT celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid por distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como catedráticos de Derecho Constitucional, Penal, y de Derecho del Trabajo, bajo el título “Derechos y libertades ante las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana”, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

#NOSAMORDAZAN

JUECES PARA LA DEMOCRACIA.
JOSÉ LUIS RAMÍREZ ORTIZ  Miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia. 

1. Se trata de una reforma innecesaria y desproporcionada. Las modificaciones relacionadas con los nuevos tipos penales y el agravamiento de las penas anudadas a los mismos no está conectada con las necesidades político-criminales actuales. Frente a los criterios que banalmente se vienen utilizando, España cuenta con una tasa de población reclusa desproporcionada en términos comparativos con los países de nuestro entorno. 
2. Se trata de una reforma que profundiza en la marginalidad y la precariedad. Ha de partirse de la constatación de que las cárceles no socializan ni garantizan la reinserción social de los penados. Sin embargo, la reforma endurece las penas e introduce una modalidad de cadena perpetua con la pena de prisión permanente revisable, empeora el régimen de medidas alternativas a la prisión, endurece el régimen de la libertad condicional, facilita la expulsión de extranjeros, y endurece desproporcionadamente la penalidad vinculada a pequeños delitos contra la propiedad como robos y hurtos.
3. Se trata de una reforma que criminaliza el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, huelga, de expresión y participación en asuntos públicos. La reforma restringe las condiciones de ejercicio de estos derechos fundamentales, que forman parte de nuestro orden constitucional. Así, se genera la criminalización de la disidencia con la nueva regulación de los delitos de atentado y desobediencia a agentes de la autoridad, creándose una nueva figura de delincuente: el disidente político. 
4. Se trata de una reforma que modifica la relación entre ciudadano y Estado. Dicha relación ya se altera con la misma iniciación del proceso judicial penal, pero también se produce desde otras perspectivas, como con la ampliación de los funciones de los vigilantes privados en la nueva Ley de Seguridad Privada, con la ampliación del poder del Estado sobre las personas privadas de libertad, la ampliación del plazo para la cancelación de antecedentes penales, etc… 
5. Se trata de una reforma que amplía la impunidad de la delincuencia económica. No solventa los problemas específicos de insuficiencia de asignación de recursos y diseño de la investigación penal en los delitos relacionados con la delincuencia económica. 
6. Se trata de una reforma que introduce el populismo social, que a través del diseño de las penas introduce la distinción entre ciudadanos y enemigos de la sociedad. Y en cuanto al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, introduce un modelo regresivo que actúa como válvula de cierre del sistema penal, para garantizar la aplicación de sanciones respecto de actos no cubiertos por los tipos penales y sin la garantía previa de intervención de un órgano judicial en la aplicación de la sanción. En definitiva, se pretende instaurar un modelo blindado de seguridad para quienes prescriben la inseguridad para los demás.

ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA.
MARCELINO SEXMERO Portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. 

ASOCIACIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
CARLOS GARCÍA BERRO Portavoz Asociación Progresista de Fiscales.

Para la Unión Progresistas de Fiscales, se trata de unas reformas inaceptables, que vulneran la Constitución española, en especial, su artículo 1 que prevé  la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico, y concluye animando a la formalización de recursos de inconstitucionalidad contra estas normas.