Los jóvenes, los médicos, los profesores, los trabajadores, los dirigentes sindicales son personas responsables que en un momento determinado deciden ejercer su derecho de protesta, de manifestación o de huelga con la misión y el objetivo de defender sus derechos laborales, sus derechos sociales, su bienestar social... Todos ellos, todos nosotros, comprendemos muy bien que la Policía tiene también una importante misión, la de mantener el orden público.

Ninguno de los dos, ni los que luchan por lo que consideran justo ni la Policía, tienen derecho a ejercer la VIOLENCIA. Los policías uniformados deben ser símbolos permanentes de legalidad y justicia; tienen una enorme responsabilidad para ejercer la autoridad derivada de su investidura, una autoridad que debe tener la fuerza suficiente cuando sea necesario, pero siempre una fuerza lícita, coherente con la situación democrática y la defensa de los derechos fundamentales.

No debe ser que en un país donde por ejemplo un resultado deportivo puede derivar en una fiesta multitudinaria y excesiva cuando ganan sus equipos, o por contra provocar revueltas cuando pierden resultando daños en bienes públicos y heridos con uno u otro resultado y con evidentes situaciones violentas pueda ser posible cada fin de semana; y sin embargo la defensa de derechos fundamentales como la educación, la sanidad o el trabajo vengan a representar un desafío para la Policía y para nuestros gobernantes que acaben con multitud de detenidos, con jóvenes sangrando y con imágenes que dejan por los suelos la supuesta eficacia policial en el control de multitudes.

La ineficacia o la irracionalidad de los servidores públicos, ya sean uniformados o políticos, afectan gravemente a la imagen de la sociedad, a la imagen y la credibilidad institucional y al futuro de las relaciones democráticas entre todos.

La imagen y la posición de la Policía no depende exclusivamente de los resultados que obtiene contra el delito, sino también de la transparencia, de la rectitud y el comportamiento ético de quienes la conforman. Los ciudadanos debemos tener la confianza de que nuestra Policía garantiza y defiende las libertades públicas y de que los que gestionan el funcionamiento de esta institución y sus profesionales se integran en la comunidad y no la consideran el ENEMIGO.

La fuerza es toda acción autorizada por el ordenamiento jurídico, que busca mantener las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades y asegura la convivencia. La violencia es la acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad física y psíquica de las personas. También es violencia, aunque verbal, la de los políticos que tachan de ENEMIGOS a los ciudadanos. Tanto los políticos como la Policía en la práctica y las operativas, debe diferenciar el uso de la fuerza de la violencia. (ONU, Manual de capacitación en Derechos Humanos para la Policía. Serie de capacitación profesional No. 5. Nueva York y Ginebra, 1997).

El gobierno debe fortalecer la participación de la Policía en la comunidad, mejorar su gestión y enmarcar las actuaciones en torno a principios de transparencia, mesura y legalidad para incrementar el respeto de los ciudadanos a la ley y a sus autoridades. Jamás debes ser legítimo el uso de la violencia cuando ya ha sido sometido el transgresor, o cuando una persona abandona el lugar de protesta, o cuando está ajena a la situación o a las advertencias verbales.

El uso de la fuerza debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. El objetivo no puede ser otro que el de salvaguardar el orden público y proteger los bienes de la comunidad, y sobre todo la vida y la integridad de los ciudadanos. Algo falla cuando los heridos se producen por la actuación policial y no la actuación policial para que no se produzcan heridos.

La Organización de Naciones Unidas indica que el uso de la fuerza se justifica cuando el policía actúa en ejercicio de sus funciones y ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras vías como el diálogo, la persuasión o la advertencia. Esta matización solo nos puede conducir a realizar una invitación colectiva a evitar situaciones extremas de violencia intolerable.

Hay personas que con su actitud y violencia intolerable en las manifestaciones impide la sana participación dentro del Estado de derecho del resto de ciudadanos en esa manifestación. De igual modo nuestro dirigentes políticos que vociferan contra los ciudadanos que se manifiestan por sus derechos, impiden que todo discurra con tranquilidad y de igual modo parece que como los otros violentos, desean que las manifestaciones pacificas se conviertan en peleas campales para sacar ellos el beneficio que quieren.

Estos días en Valencia, la VIOLENCIA solo ha estado de parte DE LOS GOBERNANTES y de la actuación POLICIAL que se lleva a cabo POR DECISIÓN POLÍTICA, además de como siempre, de algún que otro violento que aprovecha estas ocasiones para la comisión de delitos y sobre los que SÍ debe caer el peso de la ley y la Fuerza, que no la violencia de las instituciones y sus autoridades.

Penosa, en mi opinión la actuación del Jefe Superior de Policía de Valencia el Sr. Antonio Moreno que para explicar la intervención utiliza la expresión ENEMIGO cuando habla de los estudiantes mientras mirando a la cámara golpea con su mano en la mesa..., que no dirá este señor cuando no sea una rueda de prensa y un micrófono su eco. Sr. Moreno, por favor, no me defienda de los estudiantes, no son mis enemigos, si no fuera porque no me gusta la violencia diría que solo usted se merece un bofetón y no alguno de los jóvenes que hemos visto en televisión.

Ahora se solicita MESURA Y CORDURA, RESPONSABILIDAD Y SENTIDO COMÚN...... SÍ.

PERO ANTES, SEÑOR RAJOY. .......... ANTES.

NUESTROS JÓVENES NO SON LOS ENEMIGOS, SON EL FUTURO Y TIENEN DERECHOS.